Tratar de responder a la delincuencia más común en España, cuyo fundamento es la carencia material y la necesidad de reconocimiento social, mediante el incremento de las penas es absolutamente ineficaz. Y este país ya deberíamos habernos dado cuenta hace mucho tiempo. Las penas por hurtar se han multiplicado por 9 en los últimos 30 años, pasando de una pena mínima de 20 días a una de 6 meses. Esto ha incrementado enormemente la población reclusa pero no se ha producido un descenso en el número de delitos, que ha permanecido más o menos estable. Cualquier reforma penal racional en nuestro país tiene que abordar de forma ineludible el sobre-encarcelamiento por delitos no violentos.

Durante los últimos años del Antiguo Régimen las penas por hurto consistían en mutilaciones y torturas y eso no hacía que la gente, sumida en una miseria bestial, dejara de buscarse la vida por la vía de lo ajeno. Ahora en España tenemos uno de los sistemas de penas más duros de Europa y uno de los sistemas de protección social más débiles, lo cual refuerza un círculo que genera mayor encarcelamiento, mayor reincidencia y mayor exclusión pero, aun así, los gurús del penalismo mágico siguen insistiendo en que hay que subir las penas.