Del mismo modo que la desigualdad dentro de los Estados se invisibiliza a través de la penalización de la pobreza, la desigualdad interestatal trata de invisibilizarse criminalizando la inmigración. Las personas inmigrantes se han convertido en los últimos veinte años en blanco predilecto de unas políticas represivas exacerbadas, que se han manifestado en un triple aparato de discriminación. En primer lugar, el sistema penal dirige un control específico y redoblado contra las personas inmigrantes, lo que hace que la población extranjera esté sobre-representada en las prisiones españolas en tasas superiores a las de la población negra en los Estados Unidos. Por otro lado, se ha creado un sistema administrativo sancionador, de carácter dudosamente democrático, que retiene a estas personas en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) y que los expulsa incluso cuando tienen familia y arraigo en España. Finalmente, la consideración de persona extranjera irregular supone un despojo de derechos que condena al ostracismo social y vital a estas personas, sin posibilidad de acceder a trabajo formal, sanidad y educación.